La iniciativa dividió a Morena y PT, pues algunos legisladores señalaron que la reforma criminaliza la protesta; finalmente fue aprobada por la mayoría en San Lázaro
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar hasta con siete años de prisión y una multa equivalente a más de 86 mil 880 pesos a quienes tomen las casetas en las carreteras del país con fines de lucro, tema que dividió y confrontó a legisladores de Morena y del Partido del Trabajo por considerar que se criminaliza la protesta social.
Fueron 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones del proyecto que fue fundamentado por el panista Víctor Manuel Pérez Díaz, durante la última sesión del periodo ordinario que fue clausurado este martes.
De esta forma, se establece “que quienes obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulan en las vías generales de comunicación serán sancionados con seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a mil Unidades de Medida y Actualización vigentes”, puntualiza el dictamen.
Asimismo, prevé aumentar a nueve años de prisión la pena máxima para quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación o los medios de transporte, interrumpa la prestación del servicio u operación de las vías generales comunicación o restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulan por éstas.
De acuerdo con el dictamen, las pérdidas documentadas en 2019 y 2020 por la toma de casetas y el llamado “boteo” ascienden a cerca de 7 mil millones de pesos, mientras los bloqueos a las vías férreas se han incrementado este año 119 por ciento respecto al anterior, con una duración promedio de doce días.
