Con 12 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado de la República a través de la que se emitirá la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, la cual fue cuestionada por legisladores de todos los partidos políticos, incluso de Morena.
El dictamen, que fue remitido a la Mesa Directiva para que sea discutido y aprobado en el pleno en la sesión de este martes, deja fuera de la participación en las investigaciones a las víctimas y defensores de derechos humanos, que ni siquiera podrán tener acceso de manera gratuita, a copias de los expedientes de investigación.
El documento, si bien mantiene la existencia de un Consejo Ciudadano, se le quitan funciones fundamentales como participar en la elaboración del Plan de Persecución Penal; y elimina requisitos y procedimientos en el nombramiento de personal de la Fiscalía.
“Con la nueva ley se eliminaría la independencia técnica de los fiscales; se eliminan varias prerrogativas contenidas en la Ley Orgánica, principalmente sobre la participación de víctimas y defensores en las investigaciones; se suprimen elementos técnicos de especial importancia para abordar los desafíos como es la investigación de fenómenos criminales y junto con delitos individuales; se suprime el servicio profesional de carrera; aunque permanece la obligación de la Fiscalía General de la República de participar en la mayoría de mecanismos de derechos humanos, preocupa su insistencia a repetir en que será con absoluto respeto a su autonomía constitucional”, dijo Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano.
Indicó que también es lamentable que en la discusión previa en el Senado, se haya simulado que se atenderían las posturas de grupos de víctimas y defensores de derechos humanos, porque en el texto de la minuta, quedan fuera.
Es inaceptable el argumento de la autonomía constitucional, como la entiende el fiscal Gertz Manero, donde la dependencia a su cargo no estaría obligada a rendir cuentas y tampoco a participar en investigaciones en materia de desaparición forzada, abundó.
Por su parte, la diputada Villavicencio Ayala, De Morena, también reprobó que la norma permita a la Fiscalía General “renunciar” a la búsqueda de personas desaparecidas, insistió en que antes de apresurar la aprobación del ordenamiento, el fiscal Gertz debería explicar claramente el propósito de los cambios.
Los legisladores dijeron que esta ley tiene el rechazo de las organizaciones de la sociedad civil, familiares de las víctimas de delitos como desaparición forzada, se discutirán en el Pleno de San Lázaro este martes 20 de abril.
Demandaron que el fiscal general cumpla la obligación de rendir cuenta, como lo obliga la ley, con respecto a la norma a partir de la cual tomó protesta y ha ejercido el cargo en los dos años anteriores.
